Santo Domingo.- Las amenazas de colapso que se ciernen sobre la agenda política, con elecciones municipales, congresuales y presidenciales, han llevado a numerosos juristas y políticos a posicionarse a favor de una urgente modificación constitucional que ponga orden al frenético calendario electoral que aboca al país a un bloqueo institucional durante un periodo de entre diez y doce meses. Los elevados costos de todos los procesos, el más que previsible escenario masivo de impugnaciones de resultados y los riesgos de violencia callejera son las principales razones, no las únicas, que ameritan una revisión de la agenda electoral.
El abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez, ha reclamado un Pacto Político y Social por la Estabilidad de la Constitución, la Unificación de las Elecciones de 2020 y el Fortalecimiento Institucional. Alerta que “el actual escenario de saturación electoral absoluta, al más alto nivel de intensidad durante prácticamente un año, tendrá implicaciones perjudiciales de todo tipo, económicas y políticas, entre otras, que podría paliarse de manera considerable con la reunificación de las elecciones”.
Por su parte, el jurista Nassef Perdomo Cordero, considera que la principal amenaza de este calendario es la insoportable tensión a la que se verá sometido el sistema de solución de conflictos electorales. “El Tribunal Superior Electoral sufrirá tres tsunamis de quejas entre octubre y junio: el primero, sobre los resultados de las primarias; el segundo, por las elecciones de febrero y el tercero sobre las elecciones nacionales de mayo. Siempre es posible que el sistema supere esta prueba de resistencia, pero es una apuesta arriesgada. Lo mejor sería unificar las elecciones y no comprometer el éxito del proceso electoral”, asegura.
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| Cristobal Rodríguez |
En la misma línea se ha posicionado el abogado, José Martínez Hoepelman, que ha llamado al liderazgo político nacional y a todos los sectores del país a unificar las elecciones para evitar que, en menos de 90 días, se deban escoger 4,113 posiciones electivas, con el riesgo que entraña la aplicación de nuevas modalidades tecnológicas. A su entender, el elevado costo total de RD$ 10,000 millones es un gasto innecesario, excesivo y riesgoso que “podría, como históricamente ha ocurrido, sumir al país en la violencia política, la incertidumbre de las campañas, la violencia física que ocurre históricamente, la impugnación masiva de resultados, como fruto de la crisis de confianza institucional y lastimar de nuevo la marca país y la moral y reputación internacional, con consecuencias funestas para la economía”.
Eddy Olivares, jurista constitucionalista y miembro titular de la JCE hasta 2016, asegura que la concatenación de elecciones en pocos meses causa “una gran distorsión que hay que resolver” y explica que, por ejemplo, en los lugares donde las elecciones son separadas con menos espacio de tiempo es por un año, por ejemplo en El Salvador. Enfatiza que el costo económico tan elevado en elecciones separadas por un período de tres meses es algo que no tiene sentido “porque no aporta absolutamente nada ni a la democracia ni al proceso”.
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| Nassef Perdomo Cordero |
El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, es partidario de unificar los ciclos lectivos para dar un respiro a la JCE ante la inminente implementación de las nuevas leyes electorales. Entiende que la actual agenda evidenciaría la “falta de logística de la JCE, el eventual transfuguismo de quienes resulten vencidos por el estado de vulnerabilidad y desesperanza propio de los perdedores y la mercantilización de la política, haciendo más cara la democracia, todo ello sin contar el descrédito y la incertidumbre que traerían los consecuentes reclamos ante el Tribunal Superior Electoral”.
Junto a las demandas de unificación de elecciones, otros sectores urgen también a introducir cambios constitucionales que favorezcan la independencia del sistema judicial. Es el caso del precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, que se ha sumado a las voces partidarias de reformar la Constitución para impedir la reelección presidencial y mejorar el sistema de justicia dominicana. Abinader quiere favorecer la despolitización del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), haciéndola menos dependiente del poder ejecutivo, para lo cual invita a todos los aspirantes a firmar un pacto de despolitización de la Justicia.
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| Juan Ariel Jiménez |
En el mismo sentido se ha posicionado también el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel. Surun Hernández, que propone aprovechar los cambios en la Carta Magna para modificar la actual composición del CNM y dotar a la Procuraduría General de la República y a la Contraloría de mayores niveles de independencia. Asegura que en el Ministerio Publico tanto el Procurador General como el Contralor General no deben ser designados por el Poder Ejecutivo.
El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico “Quique” Antún, ha ido incluso más allá en los cálculos del costo electoral. Afirma que el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, se equivocó al asegurar que el ahorro que tendría el país con la unificación de las elecciones sería entre cuatro y seis mil millones de pesos. Asegura que el funcionario se “quedó muy corto” en cuanto al gasto real que representaría la celebración de unas elecciones municipales separadas de las congresuales y presidenciales, ya que a su entender el ahorro debe andar por alrededor de los 15 mil millones de pesos.
En este sentido, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, asegura que celebrar las elecciones por separado supondría para el país un costo extra de más de RD$5,000 millones. Opina que República Dominicana es un país con recursos limitados y con muchas necesidades de inversión económica y social y cree que ese ahorro de dinero que representaría unificar los comicios podría ser destinado a áreas sociales de prioridad, como educación, salud y oportunidades de trabajo para los jóvenes y mujeres, entre otros.
