Santo Domingo.- El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), impuso multas al Restaurante Rico Pollo, localizado en avenida Independencia, Km 8, Distrito Nacional por operar bajo condiciones de insalubridad e iniciará una acción penal por desacato a la Autoridad Nacional de Vigilancia del Mercado.
La Resolución indica que las multas administrativas, ascienden a la suma 2 millones de pesos, por encontrar situaciones que afectaban a los consumidores, operando deficientemente e incumpliendo los criterios de seguridad alimentaria sobre calidad, higiene y manipulación de alimentos.
Anina Del Castillo, directora de la entidad, señaló que se hizo una primera inspección el día 3 de mayo, estableciendo la obligación de mejorar sus instalaciones, eliminar la suciedad, la falta de organización y sistema de drenajes, acumulación de aguas residuales y dotar a los empleados indumentarias adecuadas.
Posteriormente en el día de ayer, Pro Consumidor, realizó una nueva inspección a este establecimiento y como no habían corregidos las irregularidades encontradas, se procedió a su cierre.
Expresó, que luego del cierre, el comercio incurrió en el delito de desacato o desobediencia a la autoridad. “Los dueños del Restaurante Rico Pollo, procedieron a colocar encima del letrero cerrado por Pro Consumidor, otro letrero indicando que estaba cerrado por remodelación”, lo que significa una amenaza y desacato a la autoridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, por lo que, inmediatamente se procedió a iniciar el procedimiento administrativo sancionador y a la vez, una acción penal por desacato y la reiteración de que hasta tanto no corrijan las anomalías evidenciadas, no podrá operar el establecimiento.
Dijo que Pro consumidor, como vigilante del mercado vela por la seguridad de los productos y servicios y tiene la potestad de cerrar o clausurar los establecimientos o instalaciones que no cuenten con las condiciones adecuadas y reglamentadas.
Finalmente exhortó a las personas a que continúen denunciando los comercios que incurran en violación a la Ley 358-05 de Protección al Consumidor y que puedan afectar su salud y seguridad.
