Expertos en materia de derecho laboral de la firma DMK Abogados-Central Law aseguraron que uno de principales desafíos que tiene que enfrentar el sector hotelero son los embargos “temerarios sin el respaldo de documentación calificada para sostenerlos”.
Los licenciados Mario Franco y Nelson Jáquez explicaron que esos embargos tiene el propósito de presionar a los hoteles por todas las vías posibles, sean legitimas o no, para obligarlos a pagar.
En una entrevista en la edición especial DATE 2015 de Access Dominican Republic, que publica el Centro de Información y Comunicación (CICOM), Franco y Jáquez recomendaron a los hoteleros establecer “un procedimiento interno que informe a todos a quien deben reportar los actos de alguacil y una vez recibido se debe involucrar a un abogado para que analice la situación e indique las medidas pertinentes”.
Prevención
Los expertos de la firma DMK Abogados-Central Law consideraron de vital importancia la prevención y disponer de un equipo de abogados multidisciplinario, con capacidad, experiencia y conocimiento de la industria hotelera.
Otro de los retos, que según Franco y Jáquez, enfrenta la industria hotelera dominicana es la confusión que se crea en el sector laboral con la propina legal, ya que muchos trabajadores tienen la errónea creencia que es parte del salario.
“El Código de Trabajo dispone que la propina obligatoria no se considera parte del salario y por tanto cuando ocurra la terminación del contrato de trabajo, no será considerada a los fines de efectuar el cálculo de las prestaciones laborales…”, explicaron.
Añadieron que la propina legal tampoco será tomada en cuenta para el cálculo de los derechos adquiridos, como son las vacaciones, la participación en las utilidades de la empresa y el salario de Navidad.
Los expertos de DMK Abogados-Central Law aseguraron que la confusión se presenta en el trabajador porque la propina legal se cuenta para fines fiscales y para el impuesto sobre la renta.
Ley Migración
Dijeron que algunos aspectos de la Ley de Migración también constituyen uno de los desafíos que deben enfrentar los hoteleros en la aplicación de la normativa laboral.
Franco y Jáquez se refieren a que cuando un hotelero contrata a un extranjero que no está habilitado para trabajar, queda obligado a pagar los gastos de deportación “sin perjuicio de las multas, que comprenden entre 5 a 30 salarios mínimos; además de las posibles sanciones del Ministerio de Trabajo”.
“En términos prácticos se fuerza a un cumplimento del empleador si contrata un personal fuera del país, ya que la tramitación del permiso de residencia tarda mucho tiempo, y es común que las empresas registren con el número de pasaporte el pago de salario de los expatriados que no poseen la documentación mencionada”, dijeron.
